Vista de San Juan de Puerto Rico. Se distinguen al pie la plaza Colón, la estatua de Cristóbal Colón y el Teatro Tapia.

Fuente: Geoisla. https://www.geoisla.com/2018/06/vista-panoramica-de-san-juan-c-1904/

La adopción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 sirvió de antesala para una transformación social largamente eludida, pero inevitable: el desmantelamiento de la arcaica institución de la esclavitud.

Los ideales liberales plasmados por los delegados de la Asamblea Nacional Constituyente francesa retumbaron lejos de sus curules, cruzando el océano Atlántico y adentrándose en el Caribe para iluminar el camino hacia la liberación de los esclavos en la colonia de Saint Domingue. Poco después, esos mismos ecos revolucionarios encontraron resonancia en la vecina colonia de Santo Domingo, donde también se abrió —aunque de forma discontinua y más compleja— un proceso hacia la emancipación, primero con la invasión de Toussaint Louverture en 1801, y más tarde, en 1822, con el inicio del período de dominación haitiana.

Aun cuando la entrada en vigor de la Constitución haitiana despejó el horizonte para el fin del legado opresor en la parte oriental de la isla, no del todo significó la disolución íntegra de aquel orden social cimentado en el sometimiento. Es así como el 11 de febrero de 1822, apenas dos días tras su entrada a la ciudad de Santo Domingo, el presidente Boyer expidió una circular instando a los oficiales haitianos en Azua, Baní, El Seibo, San Juan y Las Matas a requerir de “nuestros hermanos que vienen de ser liberados” el trabajo de cultivos en las haciendas donde se encontraban laborando, para recibir a cambio una retribución monetaria. Esta medida, amparada en prevenir “un estado de miseria indecible”, tenía como fin evitar el descuido de la producción rural, sustento del gobierno en base a los impuestos generados por sus exportaciones, y contener eventuales desórdenes sociales asociados al proceso de manumisión, reduciendo el riesgo de desahucio y la posibilidad de que los recién liberados recurrieran a prácticas delictivas para subsistir.

Frente a esta nueva realidad, los supervivientes del régimen esclavista se vieron expuestos a quedar desprovistos de medios de subsistencia y seguridad material. Desplazados hacia los márgenes de la estructura social y privados de la posibilidad de escoger libremente su quehacer, resultaron confinados a sus haciendas, salvo casos de violencia o incumplimiento salarial, donde se vieron obligados a firmar acuerdos laborales con quienes antes fueron sus amos. De este modo, la dependencia económica se mantuvo bajo nuevas formas contractuales, que fijaban las tareas a realizar —desde servicios domésticos hasta trabajos en el campo— a cambio de una compensación que variaba entre manutención, dinero o productos de labranza.

Este esquema de vínculos laborales, acaso inspirado en los mecanismos de respuesta a los que recurrieron quienes obtuvieron el estado de libertad a la implementación de una política estatal de liberación, fomentó una relación de corte paternalista entre los emancipados y sus antiguos dueños, ahora convertidos en proveedores. La persistencia de este modelo se sostuvo incluso frente a una élite urbana con afinidad española, la cual replicó los patrones migratorios de finales del siglo XVIII e inicios del XIX, trasladándose hacia las vecinas colonias de Cuba y Puerto Rico. Esa corriente se intensificó a partir de los sucesos de febrero de 1822, acentuándose aún más con la consolidación del dominio haitiano y el fracaso de los esfuerzos de la Corona española por recuperar su antigua posesión de Santo Domingo.

Con la huella de la fuga poblacional aún latente en la memoria colectiva y ante el temor de un agravamiento de la crisis económica, Boyer implementó medidas para frenar el éxodo de la población negra y mulata, tal como lo indicó Felipe Fernández de Castro tras su visita a la isla en 1824. No obstante, investigaciones en el Registro Central de Esclavos, levantado en Puerto Rico en 1872, revelan la presencia de al menos tres personas nacidas en la parte dominicana de la isla que, tras haber emigrado presumiblemente durante los primeros años de la dominación haitiana, permanecían en condición de sumisión a cincuenta años de la derogación del sistema esclavista.

Encabezaba este grupo, en virtud de su edad, Teodora, de 54 años, hija de Fernando Ayuso y Ventura Rivera. De tez negra y de estado soltera, estaba empadronada en el barrio Salud de Mayagüez y valorada en 269 pesos. Cumplía funciones de cocinera al servicio de su propietario, Juan Mercader Antich (f. Mayagüez, 1890), natural de Vendrell, Tarragona, España, quien en una ocasión sirvió como alcalde interino de la municipalidad.

Le seguía en edad la mulata María Pía, de 46 años, soltera y madre de dos hijos. Se hallaba inscrita en el barrio Candelaria de Mayagüez como lavandera de la lugareña Josefa Mangual Suárez (f. Mayagüez, 1885), quien fuera esposa de Juan José de Cartagena, venezolano que también ostentó la alcaldía de la Sultana del Oeste. Cabe destacar la mención de sus dos hijos, Tomás y Nicolás, este último nacido en Puerto Rico. Había sido procreado junto a un señor de nombre Martín y, para entonces, era soltero, tenía 30 años y trabajaba como albañil al servicio de la propia Josefa Mangual Suárez.

Finalmente, en el barrio Playa, de la vecina localidad de Añasco, consta el registro de Manuel, también mulato, soltero, de 44 años y empleado como labrador por el corso Carlos Padovani Santoni.

El estudio de estas actas censales pone en evidencia una ínfima pero poco documentada emigración negra o mulata entre finales de la España Boba y el inicio de la dominación haitiana. Si bien los nacimientos de estos tres individuos se ubican entre la transición de ambos períodos, no es desacertado suponer que su presencia en una colonia española obedeció al acompañamiento forzoso de sus antiguos titulares, quienes, en algún momento los habrían comercializado nuevamente, permaneciendo estos en estado de servidumbre forzada hasta la abolición de la esclavitud en Puerto Rico en 1873.