Mapa de la isla de Santo Domingo en el que aparecen las villas de El Seibo,  Higüey Bayaguana, Boya, Monte Plata y la llanura donde se ubicó el hato de Aragueybana, propiedad de Vicente Rijo, séptimo abuelo de Duarte

También fueron determinados como condueños de La Campiña en 1721 Andrés de las Mercedes, esposo de Isabel Lucas, hija del capitán Luis Féliz, quien compró a Maria[na] Álvarez sesenta y seis pesos cinco reales de plata y un tercio, y Santiago Mejía, esposo Marta de Santa Ana, hija también del capitán Luis Féliz, correspondiéndole a cada uno treinta y tres pesos dos reales y medio de plata y medio tercio de cuartos. A esos se sumaron ocho pesos a cada uno por concepto de la venta de Juan Jimenes al capitán Luis Féliz de 16 pesos, con lo que en total tuvieron 41 pesos 2 reales y medio de plata y medio tercio de plata. Otros compradores reconocidos fueron Domingo Hernández, esposo de Juana San Miguel, adquiriente de 15 pesos de terreno de manos de María de la Encarnación, una de las herederas del capitán Simón Ramírez; Martín Bastardo, esposo de María Álvarez; Juana Estebanía, viuda de Francisco Álvarez, y Pedro Rijo, con quince pesos[1].

En 1753, Petrona Mártir Gallego interpuso una demanda pretendiendo ser reconocida como heredera y ama de la montería de La Campiña. Viuda, vecina de Cotuí, residente en El Seibo y en nombre de sus hermanos Ana de Luna, Beatriz Eugenia y Marta de Luna Gallego alegó que su abuelo Hernando Gallego fue hijo legítimo de Geronimo Vicente Rijo, hermano de Vicente Rijo y dueño de la mitad de la montería de La Campiña.  Conforme testimonios orales, Gerónimo Vicente casó en Cotuí, murió en Puerto Plata y fue padre de Hernando Gallego, esposo de Bernabela Batista; Juana Gallego, esposa de Manuel Gómez, y Fernando Gallego, padre de Petrona Mártir Gallego, Ana de Luna, esposa de José Vásquez Luna; Beatriz Gallego, Eugenia María Gallego y Marta de Luna Gallego. Aunque supuestamente Gerónimo Vicente Rijo instrumentó su testamento antes de morir, este no se conocía, por lo que no pudieron probar su supuesta calidad de descendientes. Ausente ya para 1640, cuando se hicieron los inventarios de los bienes de Vicente Rijo, sin paradero conocido, presumido muerto sin haber testado y sin herederos ascendentes ni descendentes para entonces, la solución parecía simple: sus derechos sucesorales correspondieron entonces a su hermano Vicente Rijo, quien los transmitió a sus herederos[2].

Pero no era tal: aquella litis, que se sucedió mientras otra más antigua —ya vigente para 1744 y que se extendió hasta 1763— enfrentaba a alegados coherederos de Gerónimo Vicente Rijo con los descendientes de Vicente Rijo, desde los puntos de vista legal y genealógico, era más que conflictiva: por un lado, Gerónimo Vicente Rijo había nacido hacía más de 150 años, de manera que sus pretendidos sucesores estaban fuera del grado hábil para suceder, lo que convertía en caducas sus pretensiones. De otra parte, no se tenía pleno conocimiento de la descendencia de Vicente Rijo y se desconocía si los que se decían sus descendientes lo eran o no en línea recta y si su filiación provenía de matrimonios legítimos[3]. Los descendientes de Vicente, generación tras generación, disfrutaron, en comunidad, sin separación ni división, tanto de la parte que correspondía a Gerónimo Vicente Rijo como de la que por herencia les correspondía, matando reses vacunas, tomando bestias caballares y dando licencia para montear en sus tierras.

Otra muestra del fraccionamiento de la propiedad lo evidencia el acuerdo que en 1761 suscribieron los condueños Martín de Reina y Juan Agustín García con el alférez Manuel Yumar Rojas para que este lograra de la Real Audiencia una decisión en la que se dispusiera, como mecanismo de exclusión, “que los dueños de La Campiña que no tubiesen de parte veynte y cinco pesos no pueden meter quadrilla para montar ni permitir lisensia a otros y también de el que tubiesen en dicha Campiña una mínima parte como de dos pesos veynte reales o menos [h]ayan de vender esta, para que d’esta suerte [h]aya de quedar dicha montería en personas que puedan compromisarse”[4].   

En 1763, a más de 60 años de la muerte y cien de la ausencia en El Seibo de Gerónimo Vicente Rijo, sin que constara que hubiese dejado hijos en esa ciudad o en cualquier otra parte, el citado alférez Manuel Yumar Rojas, apoderado del Defensor de Obras Pías del Arzobispado de Santo Domingo —que ejercía presión fiscal sobre las propiedades de los difuntos—, promovió ante la Real Audiencia la venta en pública almoneda de la mitad de la montería de Guaragueybana perteneciente a Gerónimo Vicente Rijo para liquidar el impuesto conocido como “quinto”, que se habría de aplicar por su alma a los bienes que hubiese dejado. Cristóbal de Aponte, alcalde de la Santa Hermandad, representante de los presuntos coherederos de Gerónimo Vicente Rijo y cuarto nieto de Vicente Rijo, alegaba que el Defensor de Obras Pías no tenía título para pedir venta del hato y que no había lugar a la subasta ni a la distribución del quinto, por presumirse haber sido hecha hacía cerca de cien años atrás, y que la obligación de sus herederos solo consistía en entregar el quinto por dos razones. La primera era que, en más de un siglo, era factible que sus herederos hubiesen hecho los correspondientes sufragios, por lo que debía presumirse su buena fe hasta prueba en contrario; y es que, desde 1640, se juzgaba que Gerónimo Vicente Rijo “estaba heredado”, de manera que se le causaría un agravio a sus herederos si se les hacía pagar dos veces la porción del quinto, que se intentaba sufragar no porque hubiese prueba de que se había dejado de pagar sino porque no existía constancia de que hubiese sido pagado. La segunda era que se debía juzgar que en el lugar donde murió Gerónimo Vicente Rijo —desconocido para sus causahabientes— se gastaron sus bienes y que en la iglesia de ese lugar se le hicieron los sufragios, siguiendo la frase de los evangelios “Ubi fuerit corpus, ibi congregabuntur et aquilae” (“Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas”).

Además, De Aponte pidió detener la audiencia de pregones hasta tanto se le bonificaran las porciones que su bisabuela, María de Luna, esposa de Francisco Álvarez, según su testamento, había comprado a Gerónimo Vicente Rijo antes de que este saliera de El Seibo. A aquella pretensión se opuso el alférez Manuel Yumar, quien atacó aquel medio de prueba, aportado por los que, según sus palabras, pretendían usurpar con “mala fe y peor conciencia” una mitad que no habían detentado: el testamento, instrumentado en 1692, daba cuenta de que ella tenía nueve partes en la montería, no toda la mitad, solo una de las cuales había comprado a un Gerónimo Vicente, que se quería tomar por Gerónimo Vicente Rijo. La declaración fue tenida como falsa, pues si la compra había sido anterior a 1640, hasta ese año se reconocían como únicos dueños a Gerónimo Vicente Rijo y a su hermano Vicente Rijo, de manera que, si hubiese habido otros herederos, habrían figurado en aquel acto. La parte perteneciente a Gerónimo Vicente Rijo, valorada en 600 ducados, se adjudicó finalmente a Luis Féliz de las Mercedes en 1763[5].