El aprecio por una mayor información acerca de las nuevas ovejas de la grey era reclamado en 1863 por el arzobispo Bienvenido Monzón Martín en su visita a la parroquia de San Antonio de Monte Plata, en cuyo libro III de bautismos (1862-1873), folio 12, requirió, además de una letra más gruesa y mayor y mejor tinta, consignar en lo sucesivo “el nombre y apellidos de los abuelos paternos y maternos, el de los padrinos, con su estado y oficio, empleo y ocupación y últimamente el de dos testigos con su naturaleza y vecindad, así como todas la circunstancias de extraordinariedad que ocurrieran”, sin cifras y palabras distintas al castellano[1].   

En lo tocante a los nombres de los neonatos, fray Roque Cocchia advertía en sus visitas pastorales a las parroquias de Jarabacoa[2], Altamira[3], Puerto Plata[4] y Mao[5] en 1877 que no se aceptara para nadie el “adorable nombre de Jesús”, por haberlo dado Dios a su Hijo y ser “superior a todo nombre” y porque en su honor toda rodilla debía doblarse “en el cielo, en la tierra y en el infierno”. Los sobrenombres de Papa, Obispo, Abad, Mártir, Confesor y Virgen estaban igualmente proscritos, por alimentar “el ridículo, no la piedad”.

En una visita pastoral a la parroquia de San José de Ocoa en 1881, Cocchia reclamaba no admitir la calificación de reconocido para los hijos ilegítimos, por no prescribirla la Iglesia por inmoral[6], mientras que el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, después de verificar seis libros de bautismos en la parroquia y Vicaría Foránea de La Vega en visita pastoral de 1887, ordenó indicar con las iniciales h.l. o h.n. si el bautizado era hijo legítimo o natural al margen de las actas y debajo del nombre y apellido del bautizado[7].

En cuanto a las defunciones, las previsiones dadas atendieron a hacerlas más ricas en informaciones referentes a los vínculos consanguíneos o filiales del fallecido y su muerte ex testamento o ab intestato. En ese orden, en 1674, el arzobispo Juan de Escalante Turcios y Mendoza, en ocasión de su visita a la parroquia del Sagrario de la Catedral de  Santo Domingo, inscribió un auto en el libro I de entierros (1666-1701), folio 74-74 vuelto, por el que mandó “que la Cruz no salga de la parroquia sin que el dicho Cura o su Teniente tengan en su poder la fe del escribano ante quien hubiere otorgado testamento el difunto o difunta, y teniéndola pongan en este libro: En tantos de tantos de tal mes y año se enterró en esta parroquia o en tal parte fulano o fulana, otorgó su testamento ante fulano escribano, dejó por su albacea a fulano, por heredero a fulano [y se incluya en dicha] partida el día del entierro”[8].

En 1740, el arzobispo Domingo Álvarez de Abréu, hizo idéntico reclamo al cura de San Carlos en el acta de su visita pastoral inscrita en el libro I de óbitos (1730-1792), folio 3 vuelto, “para obviar las confusiones que se experimentan en la visita, sin saber los testamentos que se han visitado o no”, so pena de excomunión mayor y multa de 25 pesos[9]; lo propio hizo su visitador general, doctor Antonio de la Concha Solano, al visitar Higüey en ese mismo año, anotándolo en el libro I de bautismos (1740-1751), folios 98-101 vuelto, allí con pena de ocho reales aplicados a la fábrica de la parroquia[10].